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(El Universal). La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció sanciones de inhabilitación y multas a tres servidores públicos por daños al erario.

A través de un comunicado, la titular de la dependencia Irma Eréndira Sandoval informó que se aplicaron sanciones de inhabilitación y multas resarcitorias por casi 86 millones de pesos en conjunto a dos exservidores públicos y uno más en funciones, a quien se destituyó del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que por omisión y deficiencia en su desempeño llevaron a que no se pudieran cobrar créditos fiscales.

Se detalló que en el primer caso el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y multa total por 56 millones 938 mil 364 pesos a un Subadministrador Local Jurídico, quien también fue destituido, y a una exjefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Zapopan, Jalisco.

Explicó que tras dar seguimiento a una denuncia presentada por la Administración Central de Impuestos Internos del SAT, el OIC determinó que los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta.

En el segundo caso, el OIC sancionó con inhabilitación por 10 años y multa económica por 28 millones 774 mil 125.18 pesos a un exabogado tributario adscrito a la ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua.

Lo anterior, por notificar indebidamente a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada.

En el escrito se destaca la participación de la secretaria Sandoval Ballesteros en reunión de alto nivel para el lanzamiento del Informe sobre Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad Financiera Internacional, en la que manifestó que “se trabaja de manera conjunta y coordinada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos, con lo cual contribuimos a la correcta recaudación fiscal para el beneficio de la población”.

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EL UNIVERSAL