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Tecnología y Ciencia
¿NO QUE NO? SÍ HABRÁ ESPIONAJE EN LA 4T
25 de Mayo, 2019

#Opinión #AMLO #4T

 

(Eduardo de Jesús Ramírez Mendoza, Contrapeso Ciudadano)- Hace unos momentos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 427 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, el decreto que se expide la Ley de la Guardia Nacional.

 

La Ley de la Guardia Nacional establece que la nueva corporación será una policía civil, aunque inicialmente estará conformada por elementos de las policías Militar, Naval y Federal. Tendrá las facultades para investigar delitos, hacer detenciones, practicar cateos e incluso, intervenir comunicaciones, previa autorización judicial.

 

Este último punto es el que destaca y conmociona un poco, ya que el artículo 100 es el que faculta a la Guardia Nacional solicitar por su cuenta a un juez hacer labores de espionaje.

 

“La Guardia Nacional podrá solicitar la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud del Comandante o del titular de la Jefatura General de Coordinación Policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”, dice el artículo.

 

Cabe señalar que un juez especializado será el encargado de resolver la solicitud de intervención de comunicaciones en un plazo no mayor de 12 horas.

 

En tanto, el artículo 103 dicta una lista de más de 25 delitos en los que el espionaje puede llevarse a cabo, entre los que figuran el lavado de dinero, crimen organizado, robo de combustible, tráfico de armas y de personas, etc.

 

Ante esto, hay que recordar que hace dos años, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), esto de resultar ganador en las elecciones de 2018, así como terminar con el espionaje.

 

“No habrá espionaje político, ni habrá intervenciones telefónicas”.

 

Entonces, ¿dónde quedó esta promesa?

 

Para algunos especialistas, es importante que se incluya un mecanismo de control para las atribuciones de la Guardia Nacional, ya que de lo contrario, podría ser el regreso del CISEN.

 

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Penal, José Antonio Ortega Sánchez, señala que debe de haber un control judicial, así como sanciones por si se abusa con la información obtenida.

 

“Tiene que darse un control judicial y sanciones muy fuertes por si se abusa, difunden o se comparte la información. En el reglamento se tiene que especificar cuál será la ruta y los convenios para con las empresas telefónicas, porque luego éstas ponen pretextos para la intervención”, argumentó.

 

Por su parte, Fernando Aguilar Avilés, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM, menciona que este Gobierno le está dando un gran poder a esta nueva corporación.

 

“Toda la discusión está enmarcada en el gran peso y el gran poder que este Gobierno le ha dado a la milicia para el control de la seguridad en el país”.

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