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05 de Enero, 2025 |
#Estados #UniversidadesPúblicas
(Milenio). Desde 2019, los gobiernos de 15 entidades mantienen adeudos con las universidades públicas estatales por un monto superior a los 10 mil millones de pesos.
El problema de los adeudos se agudizó durante 2024, pues tan solo al 31 de octubre, 14 entidades ya adeudan otros 2 mil 550 millones de pesos.
?Los casos más críticos ocurren en Coahuila, San Luis Potosí y Colima, cuyos adeudos superan el 30 por ciento del subsidio ordinario estatal que reciben sus universidades.
De 2019 a 2023, el gobierno de Coahuila presenta un adeudo de dos mil 914 millones de pesos (mdp); Sonora, mil 560 mdp, y Tamaulipas, mil 507 mdp. En tanto, Chihuahua adeuda mil 421 mpd, y Baja California, mil 329 mdp.
En el mismo periodo, la administración de San Luis Potosí adeuda 345 millones; Yucatán, 294 millones; y Nuevo León, 234 millones.
Los estados que completan la lista son Durango, con 208 millones; Tabasco, 138 millones; Quintana Roo, 70 millones; Sinaloa, 18 millones; Colima 5.6 millones, Estado de México, 2.4 millones; y Guerrero, 400 mil pesos.
Estos adeudos, en su conjunto, suman 10 mil 51.8 millones de pesos que no han llegado a las universidades públicas.
Adeudos impactan contra las universidades
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior, de conformidad con los Convenios de Apoyo financiero que año con año suscriben los gobiernos estatales con las universidades públicas, con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tan sólo en 2023 el adeudo de los estados fue de mil 118 millones de pesos, lo que afectó principalmente a 5 universidades públicas estatales, 2 universidades públicas estatales de apoyo solidario y 2 interculturales.
?El financiamiento de las instituciones de educación superior públicas se realiza a través de convenios tripartitas que se firman de manera anual entre las universidades y los gobiernos tanto estatales como federales.
A la par de que los gobiernos estatales no les han entregado los recursos, las universidades crecieron en los últimos años un promedio de 4 por ciento anual, lo que implica que para poder satisfacer la demanda de la nueva población estudiantil y la operación de nuevas unidades académicas deben contratar personal académico y administrativo, situación que queda al margen de los convenios tripartitas.
También existe una presión financiera en las universidades, producto de los regímenes de pensiones y jubilaciones de las instituciones.
Nota original