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(Aristegui Noticias).         El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, enfrenta un extenso cúmulo de acusaciones que han derivado en la emisión de al menos 21 órdenes de aprehensión- 20 de carácter local y una federal- en su contra, así como su más reciente detención, ocurrida este lunes 8 de diciembre.

Duarte, quien gobernó la entidad de 2010 a 2016 y fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta su expulsión en 2019, ha sido señalado como el presunto artífice de una red de corrupción que generó un desfalco multimillonario al erario estatal.

Las imputaciones abarcan una amplia gama de delitos financieros, electorales y de uso indebido de atribuciones como servidor público.

Investigaciones oficiales y periodísticas señalan que Duarte pudo haber incurrido en la malversación de fondos públicos por más de mil millones de pesos y un desfalco total al erario de hasta 6 mil millones de pesos.

Los cargos específicos incluyen peculado, que fue el principal motor de su extradición en 2022 luego de que la Fiscalía de Chihuahua detectara una deuda pública estatal de 48 mil millones de pesos. También se le imputa asociación delictuosa y, más recientemente, lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El medio Animal Político reveló que la FGR inició en 2021 una carpeta de investigación por un enriquecimiento inexplicable que asciende a 190 millones de pesos. Los recursos fueron presuntamente desviados mediante contratos simulados para la compra de diversos insumos como equipos de inseminación artificial de ganado, vaquillas, transporte y alimento para ganado. Adicionalmente, se le ha acusado de la supuesta creación de un banco con recursos públicos y de la bursatilización de bonos carreteros sin sustento legal, cargos relacionados con manejos financieros irregulares en la deuda estatal.

Diversas investigaciones señalan que los desvíos de fondos públicos habrían tenido un propósito electoral y de cooptación política. Se acusa a Duarte del desvío de alrededor de mil millones de pesos de la Tesorería del estado, en el caso conocido como `Nómina Secreta´, los cuales habrían sido usados para pagar sobornos a legisladores y políticos de diversos partidos, funcionarios públicos, líderes sindicales y medios de comunicación.

Duarte también fue denunciado e investigado por la llamada `Operación Safiro´, un presunto mecanismo de triangulación de recursos federales para financiar campañas electorales del PRI en varios estados, así como por el desvío de 250 millones de pesos para campañas del partido tricolor en 2015.

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