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Se trata de prohibir de manera absoluta el matrimonio y cualquier tipo de unión civil o religiosa con personas menores de 18 años, e incorporar sanciones penales para quienes obliguen, induzcan o faciliten estas prácticas que vulneran los derechos humanos y el libre desarrollo de la personalidad de nuestros jóvenes.

Estas uniones tempranas son una forma de violencia estructural y desigualdad de género que anula proyectos de vida, reproduce ciclos de violencia y pobreza, y vulnera el interés superior de la niñez. Es hora de actuar y proteger a nuestros niños y adolescentes.

La iniciativa armoniza la legislación estatal con el Código Penal Federal y establece penas de tres a seis años de prisión y multas para quienes promuevan estas prácticas. También refuerza la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, imponiendo la obligación de denuncia inmediata y declarando nulos los actos que pretendan formalizar una unión con personas menores de edad.