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(Latinus).            La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó este viernes la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión para la emisión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión. 

Cabe recordar que el pasado 9 de octubre el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la reforma el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una nueva ley.

`Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y qué requiere, como se ha venido haciendo ya, de una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano para su radicación`, enfatizó.

Godoy Ramos explicó que esta legislación tiene como objetivo que todas las entidades federativas tipifiquen el delito de extorsión con los mismos elementos y que se persiga de oficio por parte de las autoridades, además de que se pueda investigar sin que se presenta una denuncia. 

Asimismo, plantea que la extorsión sea sancionada con entre seis y 15 años de prisión, lo cual se determinará por una serie de agravantes. 

También la consejera jurídica de la Presidencia precisó que se elevó a categoría de ley la estrategia del gobierno de Sheinbaum para combatir el delito de extorsión, además de reformar ordenamientos legales para armonizar el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales para que la extorsión sea un delito que sea susceptible de la extinción de dominio. 

Al enviar la iniciativa para reformar el artículo 73 de la Constitución, la presidenta Sheinbaum reconoció que la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en el 2018 se registró un promedio diario de 18 mil 89 extorsiones, mientras que en enero del 2025 se registró un promedio de 29 mil 77 actos, lo que representa un incremento del 57.62% en sólo seis años.

Mencionó que los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8% de las víctimas en el 2024 y en enero del 2025.

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