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(Aristegui Noticias).        El Dr. Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresó serias preocupaciones sobre los posibles efectos de la reforma a la Ley de Amparo que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, alertó sobre el debilitamiento de mecanismos clave de protección ciudadana frente a actos de autoridad.

Ruiz afirmó que la iniciativa presidencial enviada inicialmente al Senado tenía por objetivo `limitar el acceso al juicio de amparo´, mecanismo que definió como `el instrumento que tenemos los ciudadanos para, cuando hay un acto de arbitrariedad de la autoridad, poderlo frenar´.

Explicó que, aunque el Senado hizo correcciones a la iniciativa original, se introdujo un artículo transitorio que generó controversia por sus efectos retroactivos. Sin embargo, el dictamen más reciente en la Cámara de Diputados elimina dicho transitorio y también suprime una disposición que permitía a las autoridades no cumplir con sentencias de amparo por `imposibilidad económica o jurídica´, lo cual fue considerado como un avance.

El riesgo de debilitar la figura de la suspensión

Uno de los aspectos que más inquieta a la Coparmex es la modificación a la figura de la suspensión, que protege a los ciudadanos mientras se resuelve el juicio de amparo. Ruiz explicó que con la reforma, `se quita la suspensión provisional; solamente puede ir hacia la definitiva´, lo que deja desprotegidos a los ciudadanos ante actos que podrían ser violatorios de derechos humanos.

Particularmente, criticó que no se permita la suspensión cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloquea cuentas bancarias o cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT), restringe un certificado de sello digital, afectando directamente la operatividad de empresas. `Una empresa que tiene sus cuentas congeladas, no puede emitir facturas; sería la asfixia´, advirtió.

Obstáculos para litigar adeudos fiscales

El dictamen plantea que para obtener una suspensión en materia fiscal, el contribuyente deberá depositar la totalidad del adeudo en el Banco del Bienestar. Ruiz señaló que esta medida excluye a muchas pequeñas y microempresas que no cuentan con esa liquidez.

`Si no tienen esta liquidez, no podrán disfrutar de defenderse, de tener algunas suspensiones, y eso representará prácticamente la asfixia, el ahorcamiento de la empresa´, dijo.

Aunque reconoció la necesidad de combatir la evasión fiscal, sostuvo que `cerrar las puertas a la justicia es indebido porque todos los ciudadanos tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio´.

Posible desaparición de la prescripción fiscal

Otro punto señalado fue la posible desaparición de la figura de prescripción de adeudos fiscales. Actualmente, el contribuyente puede solicitar que se declare prescrito un adeudo por el paso del tiempo. Si la autoridad no lo reconoce, es posible ir a juicio. Según Ruiz, con la reforma `esta posibilidad de ir a juicio también estaría desapareciendo´, lo que implicaría que muchas empresas no podrían defenderse hasta enfrentar un embargo.

Una reforma con efectos regresivos

Desde Coparmex, se percibe que la reforma representa un retroceso en materia de derechos humanos. Ruiz argumentó que, con estas modificaciones, `estamos regresando a 20 o 30 años atrás de cómo estaba el juicio de amparo´, lo cual va en contra del principio constitucional de progresividad de derechos humanos.

En este sentido, hizo un llamado a los legisladores para `tomar en cuenta el interés general de la sociedad´ y considerar que `la empresa es de interés social porque genera empleo, genera bienestar, genera riqueza´.

La dimensión política de la reforma

Ante la pregunta de si esta iniciativa responde a casos específicos de evasión fiscal, Ruiz señaló: `Incluso el tema del transitorio para hacerlo retroactivo, muchos lo leímos de esa manera´.

Consideró que existe una narrativa presidencial que ha puesto en la mira el uso del amparo, no solo en temas fiscales, sino también en aquellos donde la ciudadanía ha exigido derechos fundamentales.

Llamado al diálogo y a la congruencia política

Ruiz destacó la convocatoria hecha por la Cámara de Diputados para discutir la reforma, y confirmó que Coparmex participará en ésta. Sin embargo, subrayó que espera que no se trate solo de `una libertad de expresión de nuestra parte, con poca escucha del otro lado´, sino de un diálogo real.

Finalmente, recordó que muchos de los políticos que hoy impulsan estos cambios formaron parte de movimientos que defendían estas mismas garantías. `Es momento solamente de un acto de congruencia política y de que sigamos avanzando en favor del Estado de derecho y la democracia´, concluyó.

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