#ReformaJudicial #Inversión 

Las Empresas Globales en México compartimos el interés de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en consolidar un Poder Judicial más eficiente y transparente, que facilite el acceso a la justicia para todos los mexicanos, garantice la seguridad jurídica, proteja el Estado de Derecho y consolide la separación de poderes.

Sin embargo, el actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas.

Siguiendo los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por las Naciones Unidas y aprovechando la experiencia de las Empresas Globales en diversas regiones del mundo, hacemos un respetuoso llamado al Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo para que la reforma garantice lo siguiente:

1.   La independencia de la judicatura para que los jueces resuelvan los asuntos con imparcialidad y sin intromisiones indebidas. 

2.   El establecimiento de procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento, para que quienes ocupen cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas.

3.   El respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, que garanticen su independencia y derechos.

4.    Que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión.

5.   Un periodo de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de Derecho.

6.   Directrices claras a las entidades federativas sobre el procedimiento de reglamentación de la reforma en el fuero local, evitando así interpretaciones divergentes que puedan comprometer la impartición de justicia.

Asimismo, es fundamental que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México ya que, en todos ellos, el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes, procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables.

En este sentido, nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de Derecho y la administración de justicia en México. La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.

El Consejo de Empresas Globales confía en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y los miembros del Congreso tomarán las decisiones más acertadas que le permitan al país seguir creciendo y aprovechar la oportunidad única e histórica que tiene frente a sí con el fenómeno de relocalización de cadenas productivas.